Catalunya: Una semana persiguiendo urnas y papeletas

SURda

Opinión

Cataluña

Miguel Salas

 

Los acontecimientos se han ido acelerando en Catalunya. Tras la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre, el gobierno y todos los poderes del Estado esperaron a que pasara el 11 de septiembre para desatar una oleada represiva contra todo lo que oliera a referéndum. La semana anterior el artículo firmado por Daniel Raventós y Miguel Salas afirmaba que "Si la única manera que tiene el Estado de evitar el referéndum es la represión resulta evidente que el problema político se agravará y afectará no solamente a la situación en Catalunya sino a la de todo el Reino de España. Un ataque tan flagrante contra los derechos democráticos, por ejemplo, a la libertad de expresión (el Colegio de Periodistas de Catalunya ya ha tenido que protestar por el registro realizado por la Guardia Civil de un diario comarcal en la ciudad Valls, Tarragona), el poder de decisión como se está dando a la judicatura o como se va a exigir a las fuerzas de seguridad, podrá, quizás, debilitar o incluso impedir votar el 1 de octubre, y si es así, se debilitarán los derechos democráticos de toda la población española." Y más adelante: “Hay incertidumbres, no hay respuesta para todo, porque la respuesta está en caminar con quienes se movilizan, organizando y participando en el referéndum. Será la lucha quien decida. Por eso, aún hoy podemos decir que todo es posible”. Una semana después la represión ha sido generalizada, pero la movilización y la solidaridad crecen. S P

Lunes 11 de septiembre. Votaremos

Que fuera el final de un largo fin de semana no afectó a la multitud de actos políticos que se desarrollaron durante la jornada. A primera hora de la mañana se efectuó la habitual ofrenda de flores ante el monumento de Rafael de Casanova (el jefe de las tropas que defendieron Barcelona en la guerra de 1714) Hace 44 años, en Chile, el golpe fascista de Pinochet acabó con las esperanzas de una nueva sociedad. En Barcelona, cada 11 de septiembre se realiza un acto de recuerdo por el asesinato de Allende. Hacia mediodía se sucedieron diversas concentraciones: la izquierda independentista en el Fossar de les Moreres; este año diversas agrupaciones políticas y solidarias organizaron un acto ante la Bolsa de Barcelona bajo el lema “Queremos una república catalana con más justicia social y sin corrupción” y, a la misma hora, en Santa Coloma de Gramanet, Ada Colau, Pablo Iglesias y Xavier Doménech convocaron a las y los seguidores de Catalunya en Comú bajo el lema “Una Catalunya sobirana, diversa i valenta”. En su intervención Ada Colau denuncio la cobardía de Rajoy “por no querer escuchar la movilización de la ciudadanía” y que como alcaldesa hará “todo lo posible para que la gente pueda votar el 1 de octubre”.

El plato fuerte se sirvió por la tarde. Desde hace 5 años la sociedad catalana movilizada volvió a ocupar las calles y masivamente defendió ejercer su derecho a votar. Todavía hay medios de comunicación que discuten sobre el número de asistentes, siempre esperando que baje el soufflé, y así siguen de decepcionados. La Policía Municipal de Barcelona informó que en la manifestación habían participado un millón de personas, El País contó hasta 500.000 y La Vanguardia 630.000, pero ya no hay ninguna duda de su fuerza y masividad. Llegados desde todas las comarcas del país, familias enteras, desde niños a abuelos, jóvenes y quienes ya lucharon durante el franquismo, una marea humana, transversal e interclasista que gritó, “Votarem” una forma de futuro inmediato que expresó la voluntad de que nadie podrá arrebatarles el derecho de decidir. Todos los estudios de opinión lo confirman, a pesar de las amenazas, las encuestas siguen afirmando que el apoyo al referéndum se cifra entre el 70 y el 80%. Al final del día, Javier Pérez Royo publicó un artículo en El Diario : “Cuando esto ocurre, cuando el porcentaje a favor del referéndum alcanza en una sociedad el 80%, no es posible que se pueda abrir un debate político normalizado en ausencia del mismo. Sin referéndum falta el oxígeno imprescindible para que pueda existir un debate político. El único discurso posible es el de la reclamación de que el referéndum se celebre”.

Martes 12 de septiembre. El Gran Inquisidor

El Tribunal Constitucional decide suspender la ley de Transitoriedad aprobada por el Parlament de Catalunya (es la ley en la que se establecen las líneas generales del proceso constituyente si en el referéndum gana el Si) Con esta suspensión, el Tribunal Constitucional no deja otra vía al gobierno catalán que el de la desobediencia. Por la mañana, la Fiscalía de Catalunya, por órdenes supremas del Inquisidor General, el Fiscal General, José Manuel Maza, citó a los de los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional para darles instrucciones precisas para evitar la “consumación del delito". Los policías deberán "adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal". Orden que posteriormente se extenderá a las policías municipales. Más de 1.000 personas quedan amenazadas si colaboran con la preparación del referéndum, se trata del gobierno de Catalunya, la Mesa del Parlament, los alcaldes que se han mostrado dispuestos a ceder locales municipales, los jefes de los Mossos, el director de TV3, etc.

La libertad de expresión ha quedado enterrada. Todos los cuerpos de seguridad buscando urnas y papeletas, prohibiendo actos o requisando carteles a quienes pretendían colgarlos. En Sitges se identificó y fotografió a los asistentes a un mitin en la playa. En Torredembarra se cortó la luz para impedir la reunión. En Sabadell se paró un pasacalles para obligar a retirar un cartel colocado en un gigante. En Sant Carles de la Rápita se incautaron carteles y material de propaganda. En una imprenta de Barcelona se confiscaron 100.000 carteles, en numerosos pueblos y ciudades la presencia policial confiscó material informativo. La represión se extendió a las redes. Una web informativa de la Generalitat fue cortada y, aunque inmediatamente fue replicada desde otros servidores, compañías como Movistar y Vodafone impiden su acceso. 

El ataque a la libertad de expresión no ha afectado solo a Catalunya. Los madrileños lo empezaron a sufrir de inmediato. La derecha inició una cavernícola campaña contra la convocatoria de un acto organizado por el colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir. Un juez decidió prohibir su realización en un local cedido por el Ayuntamiento. Días después, coacciones y prohibiciones se sucederán en Valencia y Vitoria.

En Barcelona, se reunió una asamblea de sindicalistas de CCOO por la independencia y la república catalana para dar impulso a un llamamiento a favor de ir a votar el 1 de octubre. En algunas organizaciones, como los sindicatos, la legítima convivencia de diferentes posiciones está siendo interpretada para mantener una supuesta neutralidad. Una cosa es no defender una determinada opción de voto y otra, bien distinta, es ponerse de lado ante la posibilidad de ejercer un derecho. El llamamiento anima a votar, a que el sindicato también lo haga, y defiende las “aspiraciones de la ciudadanía de Catalunya y el ejercicio del derecho de autodeterminación para hacer avanzar de forma inseparable el progreso nacional y social”.

Miércoles 13 de septiembre. Alcaldes perseguidos

El Inquisidor General no descansa y este día lanzó el órdago de que se abran diligencias sobre los 712 alcaldes que han mostrado su disposición de colaborar con la realización del referéndum. Son el 74% de los municipios de Catalunya, aunque sólo representan al 36% de la población, más de 2,7 millones de habitantes podrían quedarse sin alcalde o alcaldesa. No es solo una barbaridad, es un atropello antidemocrático. Difícil describir esta deriva autoritaria. Hasta el punto de que algunas voces del ámbito judicial empezaron a considerar si el Inquisidor General no se estaba pasando de la raya. Algunas fuentes del Tribunal Constitucional, que no se dignan dar su nombre, calificaron la decisión como "innecesaria y perturbadora". Un catedrático de Derecho Constitucional que ha preferido mantener el anonimato comentó: "Estoy en línea con las decisiones del Gobierno, pero con esto no puedo estar de acuerdo. No se puede inculpar a colectivos completos". Ignacio González Vega, de Jueces para la Democracia, opinó que: "De la misma manera que se critica la politización de la justicia hay que evitar la judicialización de la política". Estas amenazas alertaron a muchos municipios y también han generado muchas expresiones de solidaridad. Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona, declaró que: "Se trata de un despropósito político y jurídico, impulsado por una Fiscalía claramente partidista, que ha sido reprobada por la mayoría del Congreso y que ha perdido toda credibilidad como órgano mínimamente imparcial". Desde Santiago de Compostela, su alcalde, Martiño Noriega, denunció: "El Gobierno del PP da un nuevo salto al vacío en esta carrera de recortes de los derechos civiles y políticos. Ahora toca considerar sospechosos habituales a representantes elegidos democráticamente. Fusilada la presunción de inocencia, aterra pensar hasta dónde están dispuestos a llegar en este finiquito del Estado de Derecho que tanto dicen defender"

La Patronal española no podía faltar a esta cita. Como era evidente se colocaron detrás del gobierno, Rajoy les ha hecho muchos favores y, sobre todo, la ley es la ley y hay que cumplirla ¡anda que, si los patronos cumplieran las leyes, la de salud laboral, por ejemplo, o no defraudaran a Hacienda, otro gallo cantaría! Su legalidad y su tranquilidad están vigiladas por su Constitución. 

Y tampoco el Rey. En un discurso en Cuenca, en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, denunció a “quienes se sitúan fuera de la legalidad y fracturan la sociedad” y que la Constitución “prevalecerá sobre cualquier quiebra de la convivencia democrática”. Tiene guasa que alguien que no ha sido votado y que a su padre lo nombró Franco se erija en supuesto guardián de la democracia. La acumulación de hechos pone al descubierto lo que es el régimen del 78 en su versión 2017: un gobierno incapaz de dialogar y hacer propuestas políticas; una justicia utilizada, sin ninguna vergüenza, como punta de lanza represiva; medidas que impiden la libertad de expresión y que se quieren presentar como si se estuviera defendiendo la democracia, como si el pueblo fuera tonto; una Constitución que no se cumple, porque ¿dónde está el derecho al trabajo, a la vivienda, a un salario justo?, y, sin embargo, se utiliza como arma arrojadiza contra una nación; un Estado que ni reconoce ni acepta las decisiones de un Parlamento y que persigue a sus parlamentarios, en fin, una Constitución que ya no representa la voluntad de la mayoría del pueblo y una Monarquía que no ha elegido el pueblo.

Jueves 14 de septiembre. Empieza la campaña

La grave crisis política en Catalunya no paraliza otras luchas y reivindicaciones. En Murcia tampoco tienen miedo. Una concentración en el barrio de Santiago para reclamar el soterramiento de las vías del AVE fue reprimida por la policía nacional causando varios heridos. Los manifestantes ocuparon las vías y respondieron con “No tenemos miedo” en el momento de desalojarlos. Parece que la intervención policial puede extenderse por todo el país.

El gobierno Rajoy sigue amenazando. Se buscan urnas y papeletas, se apercibe a directores de colegios y ciudadanos que sean citados a formar parte de las mesas electorales y se anuncia, ¡oh, cielos!, que los jueces podrían obligar a las compañías eléctricas el corte del suministro eléctrico y de acceso a la red de internet en los locales en los que se esté votando. Quizás sea hasta romántico votar a la luz de las velas. También se han dado instrucciones a Correos para que revise toda la correspondencia que pueda tener relación con el referéndum. ¿Y dónde queda el derecho de privacidad de la correspondencia? Y, por si no fueran suficientes todas estas medidas, que parece que no lo son, la Dirección General de la Policía está solicitando policías para que vayan en comisión de servicio a Catalunya por un plazo de 20 días. Durante esta semana, unos 240 policías antidisturbios y guardia civil se han visto obligados a prolongar su estancia hasta mediados de octubre. Unos 250 pertenecientes a las Unidades de Intervención Policial (UIP) han sido enviados a Catalunya. Está previsto que otros 4 grupos de Madrid, Valladolid, Asturias y Granada se desplacen en los próximos días, y también se cuenta con el centenar de antidisturbios que permanecen en La Junquera y en otros destinos en Catalunya. 

Sin embargo, ante tantos frentes abiertos el aire fresco acaba entrando. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat llegan a un acuerdo para garantizar que los barceloneses puedan votar el 1 de octubre. El gobierno Rajoy imaginaba que podría abrir una brecha entre el independentismo y el soberanismo, los medios de comunicación machacaban con la idea de que el referéndum perdía fuerza si no se podía votar en Barcelona, un golpe para ellos. Un cambio político y social necesita de la alianza de todas las izquierdas, los derechos no se pueden cuartear, igual de derecho es el de decidir como el de tener una educación y una sanidad pública y gratuita, o el derecho a una vivienda digna. De las grandes ciudades, sólo Tarragona y Lleida, gobernadas por los socialistas, se oponen a la participación.

A pesar de la suma de amenazas, la campaña por el referéndum empieza formalmente. El acto principal se celebra en Tarragona, pero por todo el territorio están convocados numerosos actos políticos, informativos y de debate. Probablemente, durante estos días no habrá pueblo, ciudad o barrio en el que no haya un acto sobre el referéndum. No se puede poner puertas al deseo de cientos de miles de personas de decidir cómo quieren que sea su país. ¿Qué hará el Inquisidor General o las fuerzas policiales? Pues vigilan, en algunos casos requisan propaganda, pero los actos se hacen, los asistentes se sientan en las sillas, muchos tienen que estar de pie, con toda tranquilidad y con bastante entusiasmo se escucha a las y los oradores y se sale con la convicción de que el 1 de octubre habrá que ir a votar. Digan lo que digan. Hagan lo que hagan.

Viernes 15 de septiembre. Ahogo económico de la Generalitat

Se realiza un último intento de pactar un referéndum. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el vicepresidente, Oriol Junqueras y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, remiten una carta a Mariano Rajoy, con copia al Rey, en la que se hace “un llamamiento al diálogo para abordar de

qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía”. De momento no hay respuesta. Al contrario, el Consejo de Ministros acuerda intervenir las cuentas de la Generalitat y, con su publicación en el BOE del día 16, de facto queda intervenida y los pagos a proveedores, nóminas de funcionarios y casi prácticamente todos los pagos de la Generalitat pasan a depender del Ministerio de Hacienda. Otro ejemplo de lo que significa el régimen del 78. Cuando hay acuerdo entre la autonomía y el gobierno central se puede ir tirando, cuando el desacuerdo es evidente se impone por la fuerza la decisión del Estado. No hay soberanía, hay una dependencia impuesta. Eso es lo que, votando, quiere cambiar el pueblo catalán. A la coacción y la represión, el gobierno añade la amenaza de multas económicas a cargos electos y ciudadanía en general e intervención económica de la Generalitat, lo que alguien ha denunciado como la aplicación por la puerta de atrás del artículo 155 de la Constitución.

Se conocen los resultados de la encuesta interna celebrada entre la militancia de Catalunya en Comú. A la pregunta “¿Catalunya en Comú debe participar en la movilización del 1 de octubre?” respondió un 44% de la militancia, un 59,39% (2.053 votos) a favor y un 40,61% (1.044 votos) en contra. Significa un apoyo importante para que fuerzas de la izquierda transformadora y municipalista, voten si o voten no, participen en la movilización y el voto el 1 de octubre. Otro traspié para los que se oponen al derecho a decidir.

Citemos de nuevo a Javier Pérez Royo: “Que nadie se llame a engaño. El mensaje que el Gobierno lanza a través del fiscal general es que todo aquel que pretenda participar en el referéndum del 1 de octubre debe saber que está cometiendo un delito y que la Fiscalía tomará nota y actuará en consecuencia. Los primeros son los alcaldes, pero después vienen todos los ciudadanos que quieran participar en el referéndum del 1-O. Nadie que quiera participar en el referéndum está a salvo. Absolutamente nadie. Esto es lo que materialmente significa la orden del fiscal general del Estado. En este proceso de transformación fáctica del Código Penal en la Constitución de Catalunya se sabe como se entra, pero no como se sale. ¿No hay nadie en el Gobierno al que se haya pasado esto por la cabeza?” Pues parece que no, porque al Fiscal General de Estado, en declaraciones a la Cadena Cope, le parece que el único problema es que “hay miles de ciudadanos catalanes que están abducidos.”

A ciertos ideólogos del PP imaginaban que la supuesta mejora de la economía resolvería casi todos los problemas. Pero parece que eso solo beneficia a las empresas y a los capitalistas. El salario por hora efectiva de trabajo acumula tres trimestres consecutivos en negativo, si a eso le añadimos la tan extendida precariedad, tenemos una certera imagen de la situación de las clases trabajadoras. El salario por hora cayó un 0,1% en el segundo trimestre y un 0,2% en el primero, y ya había caído un 0,5% en el último trimestre de 2016. Es aún peor el dato de salario por trabajador que acumula un año entero en negativo. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) en un año y medio el salario medio por trabajador ha caído un 0,6%. Si se une la rebaja de los salarios, con las distintas bonificaciones y reducciones a la contratación y otras ayudas, el resultado es que las empresas llevan un año y medio completo reduciendo los costes laborales totales por trabajador. La emancipación social y la nacional no se oponen, son como las dos caras de una misma moneda, ambas son necesarias.

Sábado 16 de septiembre. Se extiende la solidaridad

Miles de personas se concentraron en el centro de Barcelona para expresar su solidaridad con los alcaldes amenazados. Primero se reunieron en el Ayuntamiento de Barcelona, donde Ada Colau los recibió, y posteriormente pasaron a la Generalitat. El grito reivindicativo de “Votarem” se extendió por la plaza Sant Jaume y alrededores. El gobierno escocés emitió una nota oficial en la que defendió el acuerdo de Edimburgo, por el que el gobierno de Londres y el escocés pactaron la celebración de un referéndum legal, “fue un ejemplo –dice la nota- de como dos gobiernos con puntos de vista diametralmente opuestos… fueron capaces de ponerse de acuerdo a la hora de establecer un proceso para permitir que el pueblo decidiera. Resulta esencial que la democracia y los derechos civiles sean respetados en todos los países”. El Síndic de Catalunya (el Defensor del Pueblo) Rafael Ribó, envió una carta al comisario europeo de Derechos Humanos, al director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, al Defensor del Pueblo Europeo, a todos sus homólogos europeos así como al Defensor del Pueblo de España y los defensores autonómicos informando de su "preocupación ante las graves vulneraciones de derechos y libertades fundamentales que se están cometiendo en Catalunya y en todo el Estado español".

Los alcaldes del Bloque Nacionalista Galego expresaron su solidaridad: “Desde los ayuntamientos gallegos que representamos les reiteramos nuestro apoyo y expresamos nuestra voluntad de contribuir al avance del pueblo gallego en la conquista de un nuevo marco institucional que garantice la plena capacidad de decidir sobre nuestros asuntos”. El acto solidario más importante y con enorme repercusión fue la manifestación que transcurrió por Bilbao. Convocada por Gure Esku Dago (Derecho a decidir) con los lemas de “Democracia” y “Votar para decidir” reunió a más de 30.000 personas y estuvieron presentes los sindicatos nacionalistas y dirigentes de EH Bildu y PNV. La hipocresía de los dirigentes del PNV no tiene parangón. Aprobaron las cuentas de Rajoy, le dieron una cierta estabilidad parlamentaria y sus dirigentes han ido declarando que en el País Vasco no estaba planteada la opción de ejercer el derecho a decidir, pero la evolución de la situación en Catalunya les ha obligado a salvar la cara, ¿seguirán salvando la de Rajoy?  

Domingo 17 de septiembre. Madrid responde

Después de la prohibición de realizar en un local del Ayuntamiento de Madrid un acto solidario con Catalunya, los organizadores decidieron trasladarlo al Teatro del Barrio de Lavapiés. Centenares de personas desbordaron el local y las calles adyacentes. La solidaridad y la fraternidad entre los pueblos se han vuelto a mostrar esta mañana de domingo en Madrid. [ Ver crónica del acto ] Catalunya no está sola y todos los pueblos somos aliados para defender la democracia, para poder votar y acabar con el gobierno Rajoy. Porque, recordemos, el 1 de octubre se pregunta a la ciudadanía: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. Todo demócrata, todo republicano, sabe que es la ocasión para votar y para defender el derecho a decidir.

Cuando hay momentos de cambio, se busca en las raíces, se buscan referencias políticas o de otras épocas que nos puedan ayudar a comprender la situación. Una referencia muy recomendable es la de Andreu Nin (1892-1937) que en un artículo de septiembre de 1934 escribió: “El movimiento nacional de Catalunya por su contenido y por la participación de las masas populares es, en el momento actual, un factor revolucionario de primer orden…De ahí se deduce claramente la actitud que ha de adoptar la clase trabajadora.

1/ Sostener activamente el movimiento de emancipación nacional de Catalunya, oponiéndose enérgicamente a toda tentativa de ataque por parte de la reacción.

2/ Defender el derecho indiscutible de Catalunya a disponer libremente de sus destinos, sin excluir el separarse del estado español, si esa es su voluntad.

3/ Considerar la proclamación de la república catalana como un acto de enorme trascendencia revolucionaria”. Faltan 14 días para el 1 de octubre.

Miguel Salas Sindicalista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. Fuente: www.sinpermiso.info, 17-9-2017